El
Secretario provincial, Ángel García, manifestó su apoyo y solidaridad a
los trabajadores y exige a la Inspección Laboral y Tributaria que
investigue el destino final de los más de 15'5 millones de euros que se
reconcedieron a la empresa.
El
PCE se reunió con una representación de los trabajadores de la empresa
GPM en la que los comunistas salamantinos quisieron conocer de la mano
de los propios trabajadores cuál es la situación en que se encuentran
después de llevar más de cinco meses sin cobrar. A juicio de Ángel
García, Secretario Provincial del PCE, lo que ha ocurrido con esta
empresa no es más que fruto de la especulación y del afán desmedido de
lucro de una empresa que sólo pretendió ganar dinero a costa del erario
público.
La
situación de la empresa GPM no es producto de la crisis ni de una mala
situación económica estructural ni coyuntural sino fruto de un saqueo
por parte de sus titulares que se han beneficiado de subvenciones
públicas que ascienden a más de 15'5 millones de euros.
A
juicio del PCE la Administración Pública debería controlar el destino
de los recursos públicos que ha destinado a esta empresa y más cuando
son varias las Administraciones implicadas. De ahí que exijan a la
inspección laboral y tributaria que abran una investigación con el
objetivo de conocer cuál ha sido el destino final de esos 15'5 millones
de euros concedidos a la empresa y si de verdad han sido destinados a
las finalidades de las propias subvenciones y, en caso de que no hubiera
sido así pedir responsabilidades a los titulares de la empresa.
En
la reunión mantenida con los trabajadores el Secretario Provincial del
PCE les manifestó su solidaridad y apoyo en todas las actuaciones que
lleven a cabo para luchar por unos derechos legítimos y lamenta que la
Administración pública mantenga una actitud y comportamiento tan
flexible con una empresa que ha disfrutado de todos los beneficios y
que, de un día para otro, les dejó abandonados sin dar explicaciones de
ningún tipo.
La
Administración Pública debería tener la obligación de evitar que
trabajadores tan cualificados como los de GPM no tuvieran que emigrar a
otros puntos del país o al extranjero a buscar un empleo.
Salamanca
no debería estar condenada a exportar trabajadores que se forman en
nuestra Universidad y se ven forzados a emigrar con sus familias a la
búsqueda de un puesto de trabnajo acorde a su formación académica.
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